Patrullas de Autodefensa ciudadana se organizan para combatir al Narco en Mexico





Los primeros informes dieron cuenta de la muerte, esta madrugada, de cuatro personas, entre ellas un menor de 11 años, pero el dato no ha sido confirmado por ninguna fuente del Gobierno. Fuentes oficiales de esta ciudad, capital de Michoacán, dijeron hoy que desde la noche del lunes han sido desplegados 2.000 soldados en la zona de Tierra Caliente, donde actúan grupos de narcotraficantes con un control territorial que no existe en otras regiones de México donde hay presencia del crimen organizado.

La región de Tierra Caliente es el escenario en el que se mueve el cártel de Los Caballeros Templarios, que tiene sembrados de amapola y marihuana en la región, así como laboratorios de drogas sintéticas, según las autoridades.
En el operativo para garantizar la seguridad de Tierra Caliente participan una decena de helicópteros aportados por la Procuraduría General de la República (PGR) y otros más de la Policía Federal y del Ejército.

El despliegue comenzó el martes a última hora y por lo menos en la comunidad de Antúnez murieron cuatro civiles al bloquear el paso de los militares, según fuentes de los grupos de autodefensa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde la capital mexicana.

Estos colectivos de civiles armados actúan en 15 de los 113 municipios de Michoacán. De todos ellos tienen que salir, según el ultimátum dado el lunes por el Gobierno mexicano. Desde que se anunció el ultimátum, dirigentes de los grupos de autodefensa se han negado a acatar la orden de desarme dada por el Gobierno y a abandonar las posiciones que controlan.

"Aquí está el Ejército, no vamos a entregar las armas. Aquí nos vamos a morir, nos vamos a morir todos", dijo a Efe uno de los dirigentes de este grupo, Estanislao Beltrán, cuando informó del ataque que causó la muerte de cuatro personas.

Pero el fiscal general, Jesús Murillo, declaró que las autoridades están en la obligación de "restablecer el Estado de derecho" pero "con la menor violencia posible". La decisión de obligar a estos grupos a desarmarse se adoptó en medio del desprestigio de las autoridades del estado, gobernado por Vallejo, del gobernante Partido Revolucionario (PRI), y criticado duramente por su ineficacia.

Pero las autoridades se encuentran ante el reto de desarmar a unos grupos de civiles que cuentan con cierto apoyo de la población, ante el vacío del poder gubernamental que se vive en Michoacán desde hace muchos meses.

Una encuesta telefónica difundida en la capital mexicana por la empresa de sondeos Gabinete de Comunicación Estratégica indica que el 45 % de los habitantes de Michoacán están en favor de armarse para luchar contra los cárteles del narcotráfico, frente al 43 % que desaprueban esa salida.

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