Patrullas de Autodefensa ciudadana se organizan para combatir al Narco en Mexico
Los primeros informes dieron cuenta de la muerte, esta madrugada, de
cuatro personas, entre ellas un menor de 11 años, pero el dato no ha
sido confirmado por ninguna fuente del Gobierno. Fuentes oficiales de
esta ciudad, capital de Michoacán, dijeron hoy que desde la noche del
lunes han sido desplegados 2.000 soldados en la zona de Tierra Caliente,
donde actúan grupos de narcotraficantes con un control territorial que
no existe en otras regiones de México donde hay presencia del crimen
organizado.
La región de Tierra Caliente es el escenario en el
que se mueve el cártel de Los Caballeros Templarios, que tiene sembrados
de amapola y marihuana en la región, así como laboratorios de drogas
sintéticas, según las autoridades.
En el operativo para garantizar
la seguridad de Tierra Caliente participan una decena de helicópteros
aportados por la Procuraduría General de la República (PGR) y otros más
de la Policía Federal y del Ejército.
El despliegue comenzó el
martes a última hora y por lo menos en la comunidad de Antúnez murieron
cuatro civiles al bloquear el paso de los militares, según fuentes de
los grupos de autodefensa y la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) desde la capital mexicana.
Estos colectivos de civiles
armados actúan en 15 de los 113 municipios de Michoacán. De todos ellos
tienen que salir, según el ultimátum dado el lunes por el Gobierno
mexicano. Desde que se anunció el ultimátum, dirigentes de los grupos de
autodefensa se han negado a acatar la orden de desarme dada por el
Gobierno y a abandonar las posiciones que controlan.
"Aquí está
el Ejército, no vamos a entregar las armas. Aquí nos vamos a morir, nos
vamos a morir todos", dijo a Efe uno de los dirigentes de este grupo,
Estanislao Beltrán, cuando informó del ataque que causó la muerte de
cuatro personas.
Pero el fiscal general, Jesús Murillo, declaró
que las autoridades están en la obligación de "restablecer el Estado de
derecho" pero "con la menor violencia posible". La decisión de obligar a
estos grupos a desarmarse se adoptó en medio del desprestigio de las
autoridades del estado, gobernado por Vallejo, del gobernante Partido
Revolucionario (PRI), y criticado duramente por su ineficacia.
Pero
las autoridades se encuentran ante el reto de desarmar a unos grupos de
civiles que cuentan con cierto apoyo de la población, ante el vacío del
poder gubernamental que se vive en Michoacán desde hace muchos meses.
Una
encuesta telefónica difundida en la capital mexicana por la empresa de
sondeos Gabinete de Comunicación Estratégica indica que el 45 % de los
habitantes de Michoacán están en favor de armarse para luchar contra los
cárteles del narcotráfico, frente al 43 % que desaprueban esa salida.
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